Igualmente, han acordado solicitar la apertura de un proceso de diálogo con «todos» los sectores de la comunidad educativa, instituciones, asociaciones y con los sectores políticos competentes en la materia, para llevar a acabo un análisis «de las necesidades y los objetivos» del sistema educativo español.
Estos extremos están contenidos en una propuesta de pronunciamiento de la cámara formulada en la sesión plenaria de este jueves por el Grupo Parlamentario Socialista (PSOE-Regioanlistas), y que ha contado con el apoyo de IU y con el voto en contra del PP.
Durante su intervención, la diputada socialista María Ignacia Ruiz de Gauna ha remarcado que la defensa de esta propuesta de pronunciamiento coincide con la celebración este jueves de una jornada de huelga convocada para exigir la retirada ley y en contra de los recortes en el ámbito educativo, unos motivos que «comparte» el Grupo Parlamentario Socialista.
Según ha considerado, la reforma educativa del gobierno presidido por Mariano Rajoy busca conseguir una educación «selectiva», «segregadora» y que «devalúa» la Formación Profesional.
En su intervención, ha incidido en que el último barómetro del CIS pone de manifiesto que los extremeños consideran que la educación es uno de los principales problemas, momento en el que ha recordado que este curso ha comenzado con 800 profesores menos, y para el próximo, ha dicho, hay previsto un nuevo recorte, aunque los recortes «han venido para quedarse» con esta ley, ha indicado.
Igualmente, ha criticado que el sistema educativo se convertirá en una «carrera de obstáculos» y ha añadido que la recuperación de las reválidas hace, en su opinión, que la educación vuelva al pasado.
En su segundo turno de intervención, Ruiz de Gauna ha considerado al profesorado como uno de los grandes perjudicados de esta ley y ha apuntado que las pruebas externas y «revalidas» que aparecen en el anteproyecto de ley ponen de relevancia, en su opinión, «falta de confianza» en los profesionales de la educación
Por otro lado, ha criticado la «recentralización» de la educación, «usurpando» competencias a los gobiernos regionales, y el hecho de que la educación en valores sufra un «retroceso» según el anteproyecto de ley.
