En total el gobierno de Rajoy quiere, de momento, aplicar un súper recorte a las prestaciones para las personas dependientes de más de 3.000 millones de euros, según la propuesta que figura en el citado Plan.
Para el PSOE sacar del sistema de atención a la dependencia tal cantidad de dinero supondría el desmantelamiento efectivo de la Ley, haciéndola inviable e ineficaz para cubrir las necesidades básicas de la vida diaria de las personas con dependencia. Sin olvidar el truncamiento de tantos proyectos de autonomía personal que producirían la marginación social y laboral de muchas personas discapacitadas.
El Partido Popular sigue implacable con su proyecto de cambio de modelo social tratando de llevar a España hacia un estado neoliberal contrapuesto al estado de bienestar por el que veníamos luchando. En su modelo no cabe el sistema de atención a la dependencia, que fue concebido como el cuarto pilar del estado de bienestar, y por ello quieren desmantelarlo aceleradamente, aunque ello suponga más destrucción de empleo, dificultades añadidas a la conciliación de la vida familiar y laboral y sobre todo el empeoramiento de las condiciones de vida de las personas discapacitadas y dependientes, muchas de ellas personas mayores a las cuales se les resta nuevamente capacidad económica y bienestar.
Ante esta situación, el PSOE de Extremadura propugna la puesta en valor del gran pacto social y político, recogido en la Constitución de 1978, por el cual desde entonces todos los gobiernos democráticos han ido facilitando recursos legales y económicos para que la ilusión de una integración social plena de las personas discapacitadas y de las personas dependientes se haya ido aproximando cada vez más a un hecho real, con un esfuerzo sostenido y respaldado por un gran consenso social, hasta llegar en 2006, durante el gobierno socialista de Zapatero, a la promulgación de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, proceso que se truncó con la llegada al poder del gobierno popular de Rajoy.
Para el PSOE el mantenimiento de dotaciones presupuestarias suficientes a favor de las personas discapacitadas no es un mero asunto económico, es un ejercicio de valores sociales. Cuando un colectivo de ciudadanos y ciudadanas especialmente vulnerables no puede ejercer derechos fundamentales, básicos y cotidianos no estamos ante decisiones de ajuste presupuestario, sino ante la obligación de respetar la dignidad humana.
La bondad de un estado democrático se mide por su capacidad para amparar y promocionar a sus ciudadanos más desfavorecidos. Mala sería la salud democrática de España si el estado español en su conjunto no fuera capaz de proteger los derechos de aquellos ciudadanos que, a veces, están en tan mala situación personal o social que ni siquiera son capaces de defenderlos por sí solos.
