El PP trabaja en el desmantelamiento de la justicia como servicio público y cercano al ciudadano

El PSOE de Extremadura le pide al nuevo ministro de Justicia, Rafael Catalá, a no seguir la estela del ex ministro Alberto Ruiz-Gallardón y a retirar de inmediato la Ley de Tasas Judiciales promovida por el gobierno de Rajoy.Esta Ley vulnera principios constitucionales como el acceso a la justicia gratuita y el pago proporcional de los costes judiciales en función de la capacidad económica del demandante. Esta herencia del ya ex ministro de Justicia alcanza a todos los ciudadanos, porque con la ley de Tasas se está produciendo un menor uso del derecho a la justicia por parte de los ciudadanos por razones económicas.Sobre esta Ley de Tasas Judiciales, el senador por la provincia de Badajoz, Juan María Vázquez ha considerado que se trata de una norma claramente abusiva, injusta e inconstitucional, así como que su finalidad es puramente recaudatoria y discrimina a unos ciudadanos sobre otros. "Los ciudadanos que tengan capacidad económica tendrán la justicia hasta el último nivel, los que no la tengan no podrán acceder en muchas ocasiones a la misma", ha indicado el senador socialista.Entre otros ejemplos, Vazquez ha explicado que recurrir una multa de tráfico suponen 200 euros; así como que reclamar a un moroso puede llegar a costar 1.200 euros; reclamar al banco una factura pagada indebidamente 300 euros; recurrir por despido 500 euros; y divorciarse 168 euros.Una quinta parte de la población está dejando de acudir a los tribunales por razones económicas.


Sobre esta Ley de Tasas Judiciales, el senador por la provincia de Badajoz, Juan María Vázquez ha considerado que se trata de una norma claramente abusiva, injusta e inconstitucional, así como que su finalidad es puramente recaudatoria y discrimina a unos ciudadanos sobre otros.


«Los ciudadanos que tengan capacidad económica tendrán la justicia hasta el último nivel, los que no la tengan no podrán acceder en muchas ocasiones a la misma», ha indicado el senador socialista.


Entre otros ejemplos, Vazquez ha explicado que recurrir una multa de tráfico suponen 200 euros; así como que reclamar a un moroso puede llegar a costar 1.200 euros; reclamar al banco una factura pagada indebidamente 300 euros; recurrir por despido 500 euros; y divorciarse 168 euros.


Una quinta parte de la población está dejando de acudir a los tribunales por razones económicas.

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