La secretaria general adjunta del Grupo Socialista y diputada por Badajoz, Marisol Pérez Domínguez, ha defendido hoy una Proposición no de ley en la Comisión de Industria, Energía y Turismo, para evitar el cierre de la mina de Aguablanca de Monesterio (Badajoz). Una iniciativa que ha salido adelante por unanimidad fruto de una transaccional con otros grupos parlamentarios.
La diputada socialista recordó que la empresa Rio Narcea, filial de la multinacional canadiense Lundin Mining -que explota el yacimiento Aguablanca, integrado en la Reserva Minera Definitiva del Estado- ha hecho pública su decisión de abandonar y cerrar dicho yacimiento minero, a pesar de que el pasado mes de septiembre habían anunciado que continuarían la extracción del mineral existente en las galerías subterráneas, una vez agotados los recursos en superficie.
En su intervención, la responsable socialista ha subrayado también que esta iniciativa “insta al gobierno a ponerse en marcha y a facilitar el mantenimiento de los puestos de trabajo que es lo fundamental”, tal y como trasladó hace unos días el Grupo Socialista a los responsables comité de empresa, en una reunión celebrada en el Congreso.
Un encuentro tras el que se acordó hacer “una autoenmienda” a esta iniciativa “para exigir más y cerrar plazos”, ya que el resto de grupos no han presentado ninguna. En este sentido, Pérez Domínguez aseguró que se trata de “ponerle un plazo a la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), en concreto, antes del 30 de abril de 2016, para que facilite el que una nueva empresa se pudiera hacer cargo e interesar en el seguimiento de la mina y a la vez, instar al Ministerio de Industria para que acelere todos los trámites de subrogación o de cambio de titularidad”.
Marisol Pérez Domínguez resaltó también se pide a que “el Ministerio se implique en la búsqueda de las empresas tal como están haciendo tanto la Junta de Extremadura como la de Andalucía y los propios sindicatos”. E igualmente se insta a “acelerar el proceso y a que este gobierno se comprometa -en el corto plazo que hay hasta el 31 de junio- y a que entre todos consigamos que esa comarca –que abarca la zona sur de Extremadura y el norte de las provincias de Huelva y Sevilla, especialmente en los municipios de Monesterio, el Real de la Jara y Santa Olalla de Cala-, que esos más de 400 empleos directos que proporciona la mina y que suponen una aportación de 17 millones de euros por parte de una mina que todavía es rentable, no se pierdan. No se puede perder el empleo ni en este país ni en esta región nuestra”.
En este sentido, la diputada del PSOE añadió que se trata de “una mina rentable, ya que ha obtenido durante el pasado año unos beneficios superiores a los 7 millones de euros.
“Las administraciones, los sindicatos, la sociedad, todos juntos estamos trabajando para encontrar otra empresa y si somos capaces, pedimos que desde el Ministerio de Industria se aceleren todos los trámites para la subrogación o para el cambio de titularidad de la explotación”, indicó.
Pérez Domínguez aseguró que espera que “todos los grupos del arco parlamentario se sumen a esa iniciativa y salga aprobada por mayoría, porque esa será la mayor fuerza”.
Evitar que se aplique la contrarreforma laboral del PP
Por último, resaltó que “lamentablemente esta situación a la que hoy nos vemos abocados, esta urgencia, estos plazos, estos tres meses que hemos conseguido de ampliación del plazo, no serían necesarios si no tuviéramos encima de la mesa la contrarreforma laboral del PP que se aplica desde la pasada legislatura”.
“Es una empresa que tiene beneficios y que puede tener más” –reiteró- y sin embargo, “una reforma laboral le permite destruir más de 400 puestos de trabajo directos a pesar de sus beneficios. Les pido que piensen no en el daño que ya ha hecho esa reforma y que va a seguir haciendo mientras no tengamos otro gobierno, sino en la posibilidad que tenemos entre todos los grupos y entre todas las administraciones de hacer un trabajo conjunto para no dar opción a que se aplique esa legislación y que la mina pueda seguir trabajando y los trabajadores puedan seguir disponiendo de una vida digna”.
