“Queremos garantizar elecciones al campo democráticas, representativas y con garantías”

La portavoz de Agricultura del Grupo Socialista-SIEX, María Teresa Macías, ha defendido en el pleno de la Asamblea de Extremadura la necesidad de modificar la Ley Agraria para que se celebren elecciones al campo en las que realmente puedan participar los agricultores y ganaderos de la región. La socialista ha reclamado la necesidad de que el sector pueda acudir a las urnas “lo antes posible” en un proceso que sustituya a la consulta que recogía la norma aprobada durante el Gobierno de Monago por unas elecciones “democráticas, representativas y con garantías básicas”El pleno de la Asamblea de Extremadura ha debatido hoy la propuesta socialista de modificar la actual Ley Agraria con el fin de que el sector pueda afrontar unas elecciones al campo “democráticas, representativas y con verdaderas garantías básicas”. Lo ha defendido ante los diputados de la Cámara regional la portavoz de Agricultura del Grupo socialista-SIEX, María Teresas Macías. Desde el atril del hemiciclo ha asegurado que es necesario sustituir la consulta que recogía la norma aprobada durante los últimos meses del Gobierno de Monago por un verdadero proceso de elecciones al campo con garantías para los agricultores y ganaderos extremeños. Y eso es lo que pretende la modificación impulsada desde la bancada socialista en la Asamblea de Extremadura.Para Macías, es fundamental cambiar la ley vigente para que el proceso electoral tenga todas las garantías, algo que la consulta no ofrecía, para aquellas organizaciones agrarias que pasarán a formar parte de los órganos consultivos del ámbito agrario, eso es, tanto del Consejo Asesor Agrario de Extremadura, como del Comité Asesor Agroalimentario de la Comunidad Autónoma.La modificación plantea también el acercamiento de las mesas electorales al territorio, más en concreto, al medio rural. En la Ley Agraria actual se habla de municipios sin plantear número mínimo de electores. Ahora se propone una mesa por casa 10 electores, facilitando que el proceso llegue a entidades locales menores y pedanías y allí donde no se llegue se harán agrupaciones, facilitando siempre el voto. Los socialistas proponen que las organizaciones profesionales agrarias puedan acudir a las urnas en coaliciones desde el principio y que se presenten como tales. Además, se propone llevar el porcentaje mínimo de representación a lo que marca la norma nacional, esto es, un 15%. Uno de los aspectos más destacados de la propuesta del Grupo Socialista-SIEX es que en el censo a construir de oficio, se incluye a las personas físicas como base de los autónomos del campo inscritos en la Tesorería General de la Seguridad Social. Según Macías, “las organizaciones y los grupos parlamentarios deben ahora debatir sobre este asunto para ver si es suficientemente representativo o hay que añadir otras personas físicas”.Con respecto a las personas jurídicas, se propone que sean ellas mismas quienes soliciten el alta en el censo acreditando quiénes son y evitar que la misma personas pueda votar 7-8 o más veces a través de las personas jurídicas que controle bien directamente o a través de representantes, con la condición de que al menos el 25% de sus ingresos totales anuales provengan del sector agrario. Con respecto al último proceso de elecciones al campo, el criterio en cuanto a la exclusividad de actividades en el sector agrario, existen personas jurídicas, profesionales y en ámbito familiar, que han tenido que diversificar la actividad pasando de ser única en el sector agrario a tener que ampliarla en el ámbito del turismo, servicios al propio sector agrario, cinegéticas puntualmente así como otras relacionas con el medio rural, pero no exclusivamente agrarias. El censo provisional que se elaborará de oficio se publicará Resolución anunciándolo dos meses antes de la convocatoria de elecciones, antes era un mes.Para Macías, “ponemos la base para abrir un proceso en busca de consenso con la participación de todos los afectados y grupos parlamentarios”. Otros aspectos que incluye la modificación es incluir suplentes en las mesas electorales, los criterios de paridad en los órganos electorales, salvo en aquellos casos en los que se deba recurrir al sorteo como es el caso de las mesas. Además, se atribuye a la Comisión Central la potestad sancionadora, además de que se incluyen como observadores a las organizaciones agrarias en dicha comisión, algo que antes no ocurría.En la propuesta de modificación, se incluye que las Juntas Provinciales no deben estar compuestas obligatoriamente por Jefes de Servicio de la consejería, sino que se abre a empleados públicos en general ya que hay trabajadores con experiencia previa procesos electorales diversos y esa experiencia debe aprovecharse. Además, se permite que las mesas electorales cierren antes de las 20:00 horas siempre y cuando hayan votado todos los electores. Se incluye la referencia a la mayoría de edad para votar y referencia expresa a la capacidad de voto de los cotitulares en aquellos casos en los que exista titular compartida debidamente acreditada.También se amplían los plazos para notificar y resolver los recursos, para que haya tiempo a estudiarlos y valorarlos bien, garantizando así el proceso. Se incluye la referencia a las resoluciones de escrutinio provisionales y a la definitiva de la Comisión Central, porque no estaba claro cómo se señalaba el resultado final de las elecciones. Se dispone también una disposición transitoria y otra derogatoria para proponer que el plazo para realizar la convocatoria del próximo procedimiento electoral sea dentro de los 12 meses desde la entrada en vigor de la ley.

El pleno de la Asamblea de Extremadura ha debatido hoy la propuesta socialista de modificar la actual Ley Agraria con el fin de que el sector pueda afrontar unas elecciones al campo “democráticas, representativas y con verdaderas garantías básicas”. Lo ha defendido ante los diputados de la Cámara regional la portavoz de Agricultura del Grupo socialista-SIEX, María Teresas Macías. Desde el atril del hemiciclo ha asegurado que es necesario sustituir la consulta que recogía la norma aprobada durante los últimos meses del Gobierno de Monago por un verdadero proceso de elecciones al campo con garantías para los agricultores y ganaderos extremeños. Y eso es lo que pretende la modificación impulsada desde la bancada socialista en la Asamblea de Extremadura.

Para Macías, es fundamental cambiar la ley vigente para que el proceso electoral tenga todas las garantías, algo que la consulta no ofrecía, para aquellas organizaciones agrarias que pasarán a formar parte de los órganos consultivos del ámbito agrario, eso es, tanto del Consejo Asesor Agrario de Extremadura, como del Comité Asesor Agroalimentario de la Comunidad Autónoma.

La modificación plantea también el acercamiento de las mesas electorales al territorio, más en concreto, al medio rural. En la Ley Agraria actual se habla de municipios sin plantear número mínimo de electores. Ahora se propone una mesa por casa 10 electores, facilitando que el proceso llegue a entidades locales menores y pedanías y allí donde no se llegue se harán agrupaciones, facilitando siempre el voto. Los socialistas proponen que las organizaciones profesionales agrarias puedan acudir a las urnas en coaliciones desde el principio y que se presenten como tales. Además, se propone llevar el porcentaje mínimo de representación a lo que marca la norma nacional, esto es, un 15%.

Uno de los aspectos más destacados de la propuesta del Grupo Socialista-SIEX es que en el censo a construir de oficio, se incluye a las personas físicas como base de los autónomos del campo inscritos en la Tesorería General de la Seguridad Social. Según Macías, “las organizaciones y los grupos parlamentarios deben ahora debatir sobre este asunto para ver si es suficientemente representativo o hay que añadir otras personas físicas”.

Con respecto a las personas jurídicas, se propone que sean ellas mismas quienes soliciten el alta en el censo acreditando quiénes son y evitar que la misma personas pueda votar 7-8 o más veces a través de las personas jurídicas que controle bien directamente o a través de representantes, con la condición de que al menos el 25% de sus ingresos totales anuales provengan del sector agrario.

Con respecto al último proceso de elecciones al campo, el criterio en cuanto a la exclusividad de actividades en el sector agrario, existen personas jurídicas, profesionales y en ámbito familiar, que han tenido que diversificar la actividad pasando de ser única en el sector agrario a tener que ampliarla en el ámbito del turismo, servicios al propio sector agrario, cinegéticas puntualmente así como otras relacionas con el medio rural, pero no exclusivamente agrarias. El censo provisional que se elaborará de oficio se publicará Resolución anunciándolo dos meses antes de la convocatoria de elecciones, antes era un mes.

Para Macías, “ponemos la base para abrir un proceso en busca de consenso con la participación de todos los afectados y grupos parlamentarios”. Otros aspectos que incluye la modificación es incluir suplentes en las mesas electorales, los criterios de paridad en los órganos electorales, salvo en aquellos casos en los que se deba recurrir al sorteo como es el caso de las mesas. Además, se atribuye a la Comisión Central la potestad sancionadora, además de que se incluyen como observadores a las organizaciones agrarias en dicha comisión, algo que antes no ocurría.

En la propuesta de modificación, se incluye que las Juntas Provinciales no deben estar compuestas obligatoriamente por Jefes de Servicio de la consejería, sino que se abre a empleados públicos en general ya que hay trabajadores con experiencia previa procesos electorales diversos y esa experiencia debe aprovecharse. Además, se permite que las mesas electorales cierren antes de las 20:00 horas siempre y cuando hayan votado todos los electores. Se incluye la referencia a la mayoría de edad para votar y referencia expresa a la capacidad de voto de los cotitulares en aquellos casos en los que exista titular compartida debidamente acreditada.

También se amplían los plazos para notificar y resolver los recursos, para que haya tiempo a estudiarlos y valorarlos bien, garantizando así el proceso. Se incluye la referencia a las resoluciones de escrutinio provisionales y a la definitiva de la Comisión Central, porque no estaba claro cómo se señalaba el resultado final de las elecciones. Se dispone también una disposición transitoria y otra derogatoria para proponer que el plazo para realizar la convocatoria del próximo procedimiento electoral sea dentro de los 12 meses desde la entrada en vigor de la ley.

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