Exigimos un periodo transitorio para la PAC, por la situación actual y por otra razón de peso y sustancial esa reforma tiene que ofrecer soluciones encaminadas a solventar los problemas de bajos precios que soportan los productores.
Extremadura debe ser premiada, al ser una región donde existe la dehesa, ganadería extensiva ligada a la fijación de la población, los humedales de las vegas y los regadíos ecológicos y de producción integrada, fruticultura de montaña, viticultura y olivicultura sostenible y tantas otras formas de sostenibilidad avaladas por la Red natura y enclaves de especial protección ambiental.
No compartimos el discurso de la Comisión en cuanto a que reducir un 30% las ayudas directas a los agricultores sea hacer una PAC más verde, ni aceptamos un modelo de tasa plana para las ayudas directas que no contempla la diversidad de Extremadura, ni apoya la creación de empleo ni la fijación de la población en el entorno rural.
No aceptamos la reducción de fondos destinados al Desarrollo Rural, ya que afectan directamente a inversiones y a las empresas que desarrollan una actividad de gran interés en nuestro medio rural, limitan las iniciativas de los jóvenes y no permiten continuar con las políticas de dinamización de mujeres en el entorno rural, entre otros.
Por todo ello, Extremadura no puede permitir una agresión de este calibre a las actividades económicas en el mundo rural, no hablamos de sector estratégico, sino de un pilar económico regional, una realidad que no puede ser cambiada a golpe de reforma y menos aún en un momento como el actual.
De aceptarse por los gobiernos de Monago y Rajoy esta situación, sin plantear batalla real junto con otros Estados Miembros y regiones, se harían totalmente responsables del desastre que supondrá para Extremadura mantener una negociación en estas circunstancias, sin presupuesto y sin medidas que respondan a nuestra realidad.
