“Los socialistas siempre hemos dicho que la sociedad necesita incentivos, y pretendemos que la contratación pública no sirva solo para adquirir bienes y servicios al mejor precio sino también para que influya en el paro y en la calidad del empleo de las empresas adjudicatarias”, ha señalado al anunciar que los socialistas llevarán el próximo jueves al pleno de la Asamblea de Extremadura una iniciativa para que en las contrataciones públicas de la Junta de Extremadura incluya la cláusula social que marca la directiva europea.
Como ejemplo del potencial de la contratación pública, Bernal explicó que la Junta de Extremadura ha desembolsado entre enero y septiembre de 2013, en contrataciones públicas de bienes y servicios a empresas extremeñas, una cantidad por valor de 1.500 millones. “En esos contratos se vieron implicados 25.000 empleos y cerca de 60.000 personas trabajaron contratados para desarrollar esos contratos”, ha dicho. Y, sin embargo, con esta potente herramienta de la adjudicación pública “Monago no hizo nada para mejorar ni la empleabilidad de quienes más lo necesitan ni la calidad del empleo existente en las empresas adjudicatarias”.
Para el portavoz socialista de Economía, “una región como Extremadura, con 160.000 desempleados, de loas que más de 90.000 llevan más de un año buscando empleo sin conseguirlo, con 62.000 personas sin ninguna prestación, con índices de calidad en el empleo bajo mínimos (el 80% de los contratos tienen una duración mínima de 20 días y con una media 350 euros por contrato), debe aprovechar herramientas que permitan mejorar o corregir esta situación.”. Y una de esas herramientas se llama cláusula social.
“La directiva europea dice que la adjudicación pública, además de cumplir objetivos económicos, debe cumplir objetivos sociales y ser utilizada para solucionar problemas, que en Extremadura en estos momentos se llama paro y calidad del empleo”., ha indicado Bernal.
La iniciativa socialista pide que, junto al precio y las condiciones de la adjudicación, debe valorarse también el impacto laboral directo o indirecto de la actividad de la empresa adjudicataria e incluir, específicamente, el volumen de mano de obra que se ve implicada en la ejecución de la contratación, la calidad del empleo de esa mano de obra y el número de contratos a personas paradas de larga duración que hayan agotado sus prestaciones”.
Bernal, que espera el apoyo de los grupos parlamentarios para aprobar esta iniciativa, ha concluido que “ante el drama hay que actuar; no basta con mirar como hace Monago”
