La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea de Extremadura, Isabel Gil Rosiña, ha exigido este martes a Guardiola que retome de inmediato el diálogo con las diputaciones provinciales de Cáceres y Badajoz para garantizar la continuidad de las oficinas comarcales de vivienda, un servicio público que la Junta de Extremadura dejó sin cobertura tras permitir que en 2025 expiraran los convenios que hacían posible su funcionamiento.
Gil Rosiña ha calificado de incomprensible que el Gobierno de Guardiola prescinda de una herramienta que durante años ha facilitado a los ciudadanos el acceso a las ayudas al alquiler, la tramitación de expedientes de accesibilidad y el asesoramiento en materia urbanística y de vivienda. “La Junta decide cerrar lo que funciona y quitar instrumentos que mejoran la vida de la gente. Es absolutamente incomprensible”, ha afirmado.
La portavoz socialista ha recordado que este servicio contaba con 21 oficinas comarcales, doce en la provincia de Badajoz y nueve en la de Cáceres, que han demostrado su utilidad para acercar la Administración a los ciudadanos, especialmente en un ámbito tan complejo como el de la vivienda. Solo en la provincia de Badajoz, estas oficinas resolvieron el último año 61 expedientes de accesibilidad por un importe de dos millones de euros y prestaron apoyo administrativo en más de 2.700 ayudas al alquiler.
En este punto, Gil Rosiña ha mostrado su preocupación por la situación en la que se encuentran los trabajadores de estas oficinas trabajadores a los que la Junta de Extremadura “ ha decidido dejar en el limbo y que las diputaciones provinciales, en un ejercicio nuevo de responsabilidad, como ha ocurrido a lo largo de los tres últimos años, han mantenido y han reubicado en otros servicios”.
Según ha explicado Gil Rosiña, pese a la importancia de este trabajo, la Junta dejó extinguir unilateralmente los convenios con ambas diputaciones. Desde entonces, las instituciones provinciales han intentado durante todo 2026 recuperar la interlocución con el Ejecutivo autonómico y han puesto sobre la mesa nuevos convenios para mantener el servicio. La respuesta del Gobierno de Guardiola, según ha denunciado Gil Rosiña, ha sido el silencio.
“Si tanto les preocupa la vivienda, que empiecen por aplicarse el cuento. Que no dejen tiradas a las diputaciones y que recuperen un servicio que acompaña a las familias extremeñas en uno de los problemas que más les preocupan”, ha reclamado.
La portavoz socialista ha advertido además de las consecuencias que esta decisión tiene para los ciudadanos y, en ese sentido, se ha preguntado “quién va a tramitar ahora los 21.000 expedientes de ayudas al alquiler y quién va a prestar el acompañamiento administrativo que necesitan miles de familias extremeñas”.
Para Gil Rosiña, la desaparición de estas oficinas evidencia la contradicción entre el discurso del Gobierno autonómico y sus decisiones. “La vivienda no se resuelve con propaganda ni con discursos. Se resuelve utilizando los recursos y las competencias que tiene la Junta, manteniendo los servicios que funcionan y hablando con las instituciones que pueden ayudar a solucionar el problema”, ha aseverado.
La portavoz socialista ha denunciado que la falta de interlocución no se limita a las diputaciones, sino que se extiende a los ayuntamientos y a los grupos de la oposición. Gil Rosiña ha recordado que el pasado 4 de septiembre el Grupo Socialista votó en contra del decreto ley de vivienda presentado por la Junta, al considerar que se había elaborado sin diálogo y que algunos de sus preceptos podían presentar problemas de constitucionalidad.
Asimismo, ha cuestionado la incoherencia de que el Ejecutivo autonómico prepare la aprobación de su nuevo plan de vivienda mientras mantiene recurrido el plan estatal del que proceden recursos fundamentales para desarrollar las políticas autonómicas. “¿Cómo es posible que la Junta de Extremadura vaya a aprobar el plan de vivienda en el Consejo de Gobierno al mismo tiempo que tiene recurrido el plan estatal de vivienda? Si prácticamente todos los recursos que nutren el plan autonómico de vivienda vienen contenidos en el plan estatal de vivienda, pues este es el resumen”, ha remarcado.
Gil Rosiña ha insistido en que “no se puede decir que la vivienda es una prioridad y, al mismo tiempo, desmantelar instrumentos que ayudan a resolverla. No se puede reclamar diálogo al Gobierno de España mientras aquí se niega la palabra a las diputaciones, a los ayuntamientos y a la oposición”.
Por ello, el PSOE reclama que antes de que finalice 2026 se recuperen los convenios con las diputaciones provinciales y se garantice la continuidad de las oficinas comarcales de vivienda. “La Junta todavía está a tiempo de reconocer que se ha equivocado y de recuperar un servicio público que ha demostrado ser necesario y útil para los extremeños”, ha concluido.
