En relación con el Observatorio por los derechos del colectivo LGTBI, la portavoz de la Junta de Extremadura, Isabel Gil Rosiña ha destacado que la regulación de este órgano es fruto del trabajo que la Administración regional ha llevado a cabo en colaboración con las entidades de ese ámbito y que desarrolla lo previsto en la Ley 12/2015, de 8 de abril, de Igualdad social de lesbianas, gais, bisexuales, transexuales, transgénero e intersexuales.
Gil Rosiña ha señalado que, entre otras funciones, el Observatorio realizará estudios, propuestas y recomendaciones en materia de normas y políticas públicas para la garantía de los derechos de las personas LGBTI, además de velar por la transversalidad del enfoque de los derechos de las personas LGBTI en la puesta en marcha de las políticas públicas sectoriales.
La portavoz anunció que la primera tarea del Observatorio será realizar un análisis sobre la situación de los derechos de las personas LGTBI en el ámbito educativo, un primer paso para la elaboración de lo que será el Plan Integral de Educación LGTBI de Extremadura.
“Hoy arrancamos, no solo desde el gobierno sino también desde las entidades LGTBI, el desarrollo de una ley en la que vamos a poner lo mejor de nosotros mismos porque fue una ley pionera en nuestro país y lo importante de las leyes es poder llevarlas a término”, ha apostillado la portavoz.
MESA DEL DIÁLOGO CIVIL
Por lo que respecta la Mesa de Diálogo Civil, con el decreto aprobado hoy se pretende potenciar la interlocución entre la Administración regional y el Tercer Sector de Acción Social.
La portavoz de la Junta de Extremadura ha señalado que la Plataforma del Tercer Sector de Acción Social constituye “un actor clave en la defensa de los derechos sociales, de la cohesión y de la inclusión social” y que trabaja para evitar que haya “población vulnerable que quede excluida socialmente”.
En esta plataforma están representadas la Asociación Extremeña de Fundaciones, Cáritas Regional, CERMI, Cruz Roja Española, ONCE Extremadura, la Plataforma por el Voluntariado de Extremadura y la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social.
Para la portavoz de la Junta de Extremadura, esta plataforma “actúa desde la independencia política para lograr el bienestar de los ciudadanos” y es “una voz que no solo debía ser escuchada sino que tenía que tener un sitio institucionalizado para hacerla más visible a la ciudadanía”.
