RESOLUCIÓN DEL COMITÉ REGIONAL AUTONOMÍA MUNICIPAL Y MAYOR FLEXIBILIDAD EN EL GASTO DE AYUNTAMIENTOS Y DIPUTACIONES
El gobierno del Partido Popular ha supuesto un ataque sin precedentes al principio de autonomía de las entidades locales de nuestro país. Leyes como la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local (LRSAL) y la de Ley Orgánica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, no solo han pretendido recortar las competencias y la autonomía de gestión de ayuntamientos y diputaciones sino que además, han asfixiado las haciendas locales obligando a recortar el gasto incluso de las entidades locales que gozan de unas cuentas saneadas y limitando la posibilidad de que ayuntamientos y diputaciones puedan atender como deseamos políticas que los socialistas consideramos prioritarias como las políticas activas de empleo, los servicios sociales, las políticas de igualdad y de género, etc.
En este contexto, y ante la actitud del Gobierno de España, que continuamente desoye el clamor de alcaldes y alcaldesas y presidentes y presidentas de diputaciones, así como de las federaciones de municipios y provincias a nivel estatal y autonómico para revertir cuanto antes esta injusta situación.
Por todo ello y en este acto, mediante la celebración del presente Comité Regional presentamos la siguiente propuesta para su aprobación:
• Promover una reforma de la Ley Orgánica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera que modifique la regla de gasto a la que están sometidos los ayuntamientos y diputaciones españolas y que asfixia las finanzas locales e impide el desarrollo de nuestras políticas sociales, de empleo, etc de manera conveniente.
• Eximir de la aplicación de la regla de gasto a las Entidades Locales que presenten cuentas públicas saneadas: que presenten superávit o equilibrio presupuestario, cumplan el período de pago a proveedores y tengan un nivel de deuda inferior al 110% de los recursos corrientes.
• Permitir que aquellos ayuntamientos y diputaciones que presenten unas cuentas públicas saneadas, en el uso de su autonomía municipal, puedan destinar el superávit que generan en cada ejercicio presupuestario a promover políticas y servicios adaptados a las necesidades de su ciudadanía: empleo, servicios sociales, políticas de igualdad o de juventud, etc. eliminando los límites actuales impuestos por el Gobierno a los fines para los que las Entidades Locales pueden destinar el superávit.
• Y, en concreto, y ante la ausencia de Presupuestos Generales del Estado para 2018, habilitar con urgencia la fórmula legal que permita a los ayuntamientos y diputaciones extremeñas y españolas, la utilización del superávit generado en el pasado ejercicio 2017 en las políticas municipales que cada ayuntamiento decida, en función de las necesidades de sus ciudadanos.
