La mayoría de los diputados de la cámara regional (todos los votos han sido favorables) ha dado luz verde a la modificación de la Ley Agraria de Extremadura 6/2015, de 12 de mayo, para frenar la privatización que el PP pretendía llevar a cabo desde la pasada legislatura y que supondría la privatización, a todos los efectos, de los consejos reguladores de las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas protegidas de Extremadura.
Con esta modificación, tanto las denominaciones como las indiciaciones geográficas recuperarán el estatus jurídico que tenían previo a la entrada en vigor a la Ley Agraria aprobada durante el gobierno del PP. Desaparece, además, la amenza que tenían dichos organismos sobre sí de acabar disolviéndose, no recibir ayudas o ser sus responsables objeto de sanciones personales si no se convertían en entidades asociativas privadas sin ánimo de lucro, es decir, si no se privatizaban.
María Teresa Macías, portavoz de Agricultura del Grupo Parlamentario Socialista-SIEX, ha defendido en el pleno que esta modificación de la Ley Agraria se lleva a cabo tras “escuchar a las denominacions de origen y las indicacionesgeográficas protegidas para recuperar, como nos han pedido, el modelo que realmente necesitan para tener estabilidad y poder avanzar”.
La diputada socialista ha afirmado en el pleno que “tenemos la obligación de facilitar un marco estable a las DO y a las IGP que les permita afrontar los procesos internos con seguridad y preservandoi el mantenimiento de sus estructuras”. Además, ha defendido que la modificación de ley aprobada por la Asamblea aspira a dar salida a la situación “de asfixiante preocupación” de los consejos reguladores de estos organismos que, por cierto, “son los busques insignia del sector agroalimentario extremeño y amparan productos de excelencia con un amplio reconocimiento en los mercados”.
La portavoz de Agricultura se ha mostrado muy crítica con un PP que “pretendía privatizar las estructuras y funciones de las DO las IGP obligándolas a ser entidades de derecho privado bajo pena de no poder percibir apoyos públicos ni reconocimiento de otros derechos”. Ha lamentado también que “la derecha legisló sin tener en cuenta la importancia de estas figuras de calidad ni el papel destacado que juegan en nuestra economía social”. En esa misma línea, ha recordado que el PP puso en serio reisgo el futuro de las denominaciones y las indicaciones geográficas “al reducir en un 80% sus presupuestos, destrozando el plan financiero anual que tenían previsto: de los 2,4 millones de euros previstos en 2012, el PP pasó a 500.000 euros”.
Sobre esa cuestión, ha reiterado el compromiso de la Junta de Extremadura para “en la medida que sea posible según los presupuestos, ir recuperando la situación de apoyo a las DO y las IGP”.
