Corren peligro servicios que prestan los ayuntamientos como los comedores municipales, la ayuda a mayores y dependientes o programas como la atención a víctimas de violencia de género, entre otros, según ha apuntado el alcalde de Mérida.
Se trata de servicios que prestan los ayuntamientos que son competencias impropias y que a su juicio deben venir financiados por la administración del Estado o de las Comunidades Autónomas, ha alertado Rodríguez Osuna.
Ante esta situación, el alcalde de Mérida ha criticado que el PP no ha querido escuchar las quejas de más de 3.000 municipios españoles y colectivos afectados por esta ley, ha dicho, y ha lamentado que pasa la patata a las Comunidades Autónomas, que son, según establece la nueva ley, las que deberán asumir estas competencias.
El PP elimina la obligación de los poderes públicos de garantizar la prestación de servicios sociales, algo que a juicio del alcalde de Mérida es algo muy grave que va a afectar de manera muy importante a la mayoría de los ayuntamientos de este país.
Además esta reforma va a hacer desaparecer 70.000 puestos de trabajo relacionados con los servicios sociales en todo el país.
