Escribano considera que una ley de esta envergadura debería “haberse traído al principio y no de prisa y corriendo a tres meses de las elecciones”. Para su elaboración, “no se ha contado con los grupos políticos, ni con las asociaciones profesionales, ni con los ciudadanos”, ha dicho. El proyecto de Ley, además, es “tan amplia que no fija en una norma legal los criterios a seguir sino que lo deja todo a un futuro desarrollo reglamentario y algunos de ellos no se harán hasta dentro de tres o cuatro años”.
Uno de los asuntos más preocupantes de la ley para los socialistas es que “toca por encima temas que se habían venido reivindicando por sindicatos y por los propios profesionales que están en las administraciones, como la reserva de discapacitados, los tribunales de oposición o el plazo de los procesos selectivos”.
En opinión del portavoz socialista del área, una Ley de la Función Pública debe “poner en valor el trabajo de los empleados públicos, la estructura y organización de la administración y sobre todo cómo repercute en el servicio a los ciudadanos”. Y el proyecto del Gobierno no lo hace “no define nada con claridad, ni la carrera profesional, ni la evaluación del desempeño o la labor específica del puesto de trabajo”. Escribano advierte que, además, “no apunta a la administración única para que todos los estamentos públicos en el territorio se traten exactamente igual, porque no asegura que el modelo de función pública sea único”
Otra de las carencias de la ley que recalca Escribano es “la regulación del personal directivo”. Ha explicado que “es un asunto que no se toca y al no haber profesionalización va a funcionar mucho la libre designación”.
En definitiva, señala Escribano, esta ley “no ofrece un nuevo modelo de función pública, que es lo que venían reclamando los empleados públicos”, por lo que el Grupo Socialista presentará enmiendas parciales sobre temas muy concretos que atiendan las demandas de los empleados públicos.