La portavoz del PSOE ha declarado que la firma de expedientes por parte del director general la PAC, previa tramitación de los mismos como técnico de Asaja, incurre en un conflicto de intereses de manual
La portavoz del PSOE de Extremadura, Isabel Gil Rosiña, ha declarado hoy que la consejera de Agricultura pone en serio riesgo el dinero de la PAC que reciben los agricultores y ganaderos extremeños al conocerse que el director general de la Política Agraria Comunitaria, Juan Eloy Rodríguez Ucedo, firmó 400 expedientes de resoluciones de estas ayudas por valor de 8,5 millones de euros, tras haberlas resuelto, previamente a su nombramiento, como técnico de la organización agraria APAG-Asaja en Coria.
“Hablamos de un caso de conflicto de intereses de manual que no cumple con la Ley de Transparencia y Buen Gobierno, ni con la de Altos Cargos, de la Junta de Extremadura”, ha añadido Gil Rosiña, que se ha preguntado qué hará la responsable de dicha consejería y la presidenta extremeña al respecto. “Este caso no es un asunto menor”, ha declarado la portavoz para añadir que, con ello, con el pozo ilegal de la consejera y la concesión de ayudas al secano a una diputada popular, se constata que la Consejería de Agricultura está ardiendo mientras Guardiola no mueve un dedo.
La portavoz socialista ha manifestado asimismo que la propia Junta de Extremadura reconoce la situación tal y como demuestra una respuesta por escrito al Grupo Parlamentario Socialista, tras haber preguntado por ello, en la que queda reflejado que esos 400 expedientes fueron firmados por el director general de la PAC e incluso se adjuntan los números de expedientes, por lo que se ha preguntado si el gobierno de Guardiola piensa hacer algo.
“Los socialistas no vamos a estar callados porque nuestra tarea es velar por los intereses generales y fiscalizar la labor del gobierno, y si un procedimiento administrativo no se ha hecho conforme a la ley, nuestra obligación es denunciarlo”, ha añadido.
En este mismo sentido, la portavoz del PSOE ha explicado que la consejera del ramo pone en riesgo estas ayudas, tan importantes para la región, porque la Consejería de Agricultura es un organismo administrativo y por tanto ente pagador, encargado de recibir, tramitar y resolver el dinero que llega de Bruselas para agricultores y ganaderos.
“Si el director general tramitó los expedientes y luego los firmó, la consecuencia jurídica es que se está incumpliendo la Ley de Transparencia y Buen Gobierno de Extremadura”, ha dicho Gil Rosiña, que ha considerado además que la Junta de Extremadura debería ir mirando las consecuencias administrativas por tratarse de organismo pagador.
