La propuesta se justifica por la pretensión del Gobierno de Rajoy de llevar a cabo una contrarreforma que situaría la interrupción voluntaria del embarazo en un escenario anterior a la despenalización de 1985.
El Grupo Parlamentario Socialista recuerda que la Ley de Plazos de 2010 consiguió un alto grado de consenso político y social, excepto por parte del PP que se aisló de dicho consenso y votó en contra de la Ley.
Los socialistas opinan que no hay ninguna razón para modificar la actual Ley de Plazos, no es una demanda de la ciudadanía y sólo responde a los deseos del PP de imponer su moral al resto de la sociedad.
