Al reconocimiento y alcance de estas cantidades excepcionales, a las que se hacían acreedoras Extremadura y Andalucía para garantizar situarse en la media del territorio nacional, se las vino a denominar “deuda histórica”.
Nuestro Estatuto de 1983 contenía una Disposición Adicional, la segunda, que decía: “Mientras las circunstancias socioeconómicas de Extremadura impidan la prestación de un nivel mínimo en algunos de los servicios efectivamente transferidos, los Presupuestos Generales del Estado consignarán…” Este texto desaparece en el nuevo Estatuto de 2011 para reconocer “ que los Presupuestos Generales del Estado debían consignar, con especificación de su destino y como fuentes excepcionales de financiación, unas asignaciones complementarias para hacer frente a las circunstancias socioeconómicas de Extremadura”. Se elimina la referencia a los servicios efectivamente transferidos en el nuevo texto estatutario.
La Junta de Extremadura echa mano del Estatuto de 1983 para hacer una valoración, a la baja, de la deuda histórica que le corresponde a nuestra Comunidad Autónoma centrándose en los servicios efectivamente transferidos a Extremadura desde la aprobación de su Autonomía. Esta posición, defendida por el Consejero de Economía y Hacienda el pasado 26 de Noviembre en la Asamblea de Extremadura, perjudica notablemente a nuestra Comunidad ya que no se valora el nivel de servicios que son competencia del Estado. Si sólo evaluamos servicios que son competencia de la Comunidad Autónoma está claro que nos situamos en la media de las prestaciones del país y la cuantificación de la deuda será muy baja porque los extremeños hemos hecho un esfuerzo propio que correspondía al Estado. Olvida el Consejero que la norma jurídica del 83 ya no tiene validez y que el único criterio que existe hoy es el de determinar las condiciones socioeconómicas de Extremadura en relación con el resto del país, dejando a un lado la cuestión de la transferencia de competencias de los últimos treinta años.
No es esta una cuestión menor porque determina la concepción de nuestra deuda histórica y condicionará, en gran medida, el alcance y cuantía de la misma.
Otro avance del Estatuto de 2011 supone la eliminación del apartado dos de la Disposición adicional segunda del de 1983. Los criterios, alcance y cuantía de las asignaciones excepcionales ya no se fijarán con arreglo a lo establecido en el artículo 15 de la Ley de
Financiación de las Comunidades Autónomas. Esta condición había colapsado durante años la llegada de la deuda histórica, con gobiernos socialistas y con gobiernos populares. En la legislatura 2007-2011 se decidió acabar con las interpretaciones negativas e interesadas que de este precepto hacía el Gobierno de España y se acordó seguir la senda de Andalucía para reclamar la deuda extremeña. Esta fue una decisión crucial, fruto del pacto Zapatero-Vara y del acuerdo PP-PSOE. Ya no habría más pretextos ni más interpretaciones ambiguas y había un precedente, Andalucía.
El Gobierno extremeño ha decidido, unilateralmente, que las cantidades complementarias que debe recibir nuestra región se sitúan alrededor de los 430 millones de euros. Esta decisión rompe el consenso habido en nuestra Comunidad Autónoma para la aprobación del Estatuto de Autonomía de 2011 y dilapida los trabajos realizados, hasta ahora, en la Asamblea de Extremadura, en el seno de la Comisión no permanente de estudio de la deuda histórica.
El Ejecutivo de Monago ha demostrado su raquítico talante democrático, despreciando la opinión y el trabajo realizado, durante un año, por los diputados de las diferentes fuerzas políticas de la Asamblea, por prestigioso profesionales de diferentes ámbitos de nuestra región y por los agentes económicos y sociales, que han hecho valiosas aportaciones a la Comisión parlamentaria de estudio.
Preocupa al Grupo parlamentario socialista que el Gobierno extremeño no haya negociado este importante asunto en el seno de la Comisión Mixta Estado-Comunidad Autónoma, tal como establece el Estatuto de Autonomía en su Disposición Adicional primera y artículo 90 del mismo.
El Consejero de Economía y Hacienda insiste, una y otra vez, en afirmar que la Comisión Mixta se ha reunido en innumerables ocasiones desde 2012 y que lo ha hecho , por última vez, hace unos quince días. Pero la realidad es otra bien distinta y la Junta miente a los extremeños y miente en el parlamento, por lo que está obligado a dar explicaciones y a pedir disculpas ante la opinión pública y en sede parlamentaria.
No existen actas de reuniones de trabajo previas, no existen actas de las reuniones de la Comisión Mixta y por tanto no hay deuda histórica.
En respuesta escrita, el Gobierno del Sr. Monago contestaba a esta diputada hace unos días que no obran en su poder las actas de la Comisión Mixta, porque están en el Ministerio pertinente. Mentía de nuevo el Ejecutivo extremeño como lo demuestra la respuesta enviada por el Gobierno de España a los diputados socialistas extremeños en el Congreso de los Diputados el pasado 18 de Noviembre. En el documento recibido por nuestros diputados dice textualmente: “ La Comisión Mixta de Asuntos Económicos y Fiscales Estado-Comunidad Autónoma de Extremadura, prevista en el artículo 90 de la Ley Orgánica 1/2011, de 28 de enero, de reforma del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma de Extremadura, no ha celebrado ninguna reunión hasta ahora”.
No hay deuda histórica y esta es la historia de una gran mentira. Lo que parece haber, hasta ahora, son simples subvenciones para determinados proyectos de inversión en nuestra Comunidad Autónoma, que se rigen por la Ley General de Subvenciones, como dice el Convenio Regulador.
En la cláusula tercera del citado Convenio se dice: “ En el supuesto de que la Comisión Mixta de Asuntos Económicos y Fiscales Estado-Comunidad Autónoma de Extremadura determine, en aplicación de la Disposición adicional primera del Estatuto de Autonomía para Extremadura, los criterios, alcance y cuantía de las asignaciones complementarias a que se refiere la indicada disposición adicional, la aportación de la Administración General del Estado a este Convenio se considerará a cuenta de las indicadas asignaciones”.
Queda demostrado que los 20 millones de euros consignados por los Presupuestos Generales del Estado en 2012 no son, en tanto no se reúna y así lo decida la Comisión Mixta, deuda histórica. Lo mismo sucede con los 20 millones consignados en 2013 y los 40 millones que recoge el Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2014.
El Gobierno de Monago sólo busca cuadrar sus Presupuestos y para ello recurre a la mentira y a la deuda. No parece importarle cerrar en falso un asunto tan importante como la deuda histórica de nuestra región, ni parece que le inquiete la mentira y la voladura de todos los consensos. Tampoco parece importarle la “deuda contemporánea” que está generando el Gobierno de Rajoy en Extremadura que ya se eleva a 1.085 millones de euros, respecto al último Gobierno de Zapatero.
Es preciso que Monago rectifique, que pacte con las fuerzas políticas la posición y las cantidades que deben defenderse en Madrid, que cumpla con el mandato de la Asamblea de Extremadura para que, como ocurrió en 1996, los grupos parlamentarios estén presentes en la Comisión Mixta y que exija la inmediata constitución de dicha Comisión para que pueda cumplirse el mandato de nuestro Estatuto de Autonomía.
Estamos convencidos de que si Extremadura lleva a Madrid una posición fuerte, apoyada por todas las fuerzas políticas, Extremadura podrá reclamar lo que le corresponde y no tendrá que conformarse con una cantidad miserable que , desde luego, no va a resolver las condiciones socioeconómicas que arrastramos desde hace décadas.
Y por supuesto, por respeto a los ciudadanos, por respeto al Parlamento, por respeto a la democracia y a la decencia, el Gobierno de Monago debe pedir perdón y dar explicaciones acerca de todas las mentiras vertidas acerca de la deuda histórica.
Mª Ascensión Murillo Murillo
Portavoz Adjunta del Grupo Parlamentario Socialista de la Asamblea de Extremadura.